Nepotismo en las venas del notario chileno

En un país donde hay un millón de desempleados, el ingreso promedio no es nada comparado con el ingreso promedio de un notario, que es de 14 millones (unos 14.700 dólares) mensuales. Sorprende que la abogada María Elena Leyva, con apenas tres años de carrera profesional experiencia, es «el único cualificado» para el puesto de notario nativo.

Sin embargo, esta aparente sorpresa se desvanece cuando se descubre que es hermana del vicepresidente del Partido Socialista. Raúl Leva y su tío, hermana y sobrino también trabajan como notarios, exponiendo el descarado nepotismo y nepotismo que aqueja al sistema notarial chileno. Un asombroso 40% de los notarios tiene vínculos familiares con figuras clave del poder judicial y del Congreso (América Transparente, 2020), lo que, irónicamente, erosiona la confianza en aquellos encargados de garantizar la misma confianza pública. La justicia, lejos de ser ciega, parece guiarse por el árbol genealógico.

¿Un único candidato en una organización cualificada y transparente? Algo apesta y así ha sido durante mucho tiempo. Vale la pena revisar los diversos esfuerzos legislativos infructuosos de las últimas décadas. De hecho, el último esfuerzo, un proyecto de ley que aún está activo, se basa en un informe de laboratorio de 2018. Fiscalía Nacional Económica (FNE)Reveló que sería necesaria una reforma profunda del sistema notarial sin medias tintas para eliminar las ganancias monopólicas.

Dada la opacidad de los concursos para cargos notariales realizados por la Corte de Apelaciones, esta iniciativa busca dotar de mérito a los nombramientos con parámetros de selección objetivos y transparentes. Esto incluirá nuevas indicaciones del Ministro de Justicia, de utilizar la alta administración pública para excluir al poder judicial del proceso y evitar la mano negra de las preselecciones. Pero sólo será eficaz si se aplica a todos los notarios existentes. De lo contrario, habrá que esperar hasta que María Elena Leyva cumpla 75 años y el resto de su vida.

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El problema no acaba con la cita, sino que comienza: los notarios cobran precios 11,6 veces superiores al máximo permitido, e incluso discriminan entre clientes de una misma notaría. Esto sucede por negligencia del ente fiscalizador, el Poder Judicial, y por no aprovechar los avances tecnológicos que permitirían una mejor supervisión, pero podrían reducir los costos hasta en un 96% si estos servicios se hicieran en línea (FNE, 2018).

Chile tiene solo 1,66 notarías por cada 100 mil habitantes, un número bajo en comparación internacional (Agostini, 2023). Para mejorar urgentemente la cobertura y la calidad de los servicios notariales, es necesario eliminar la limitación en el número y la restricción geográfica de los notarios y realizar una competencia abierta. El proyecto en cuestión introduce una figura opuesta Notarios, fueron considerados nuevos ministros de fe responsables de funciones más rutinarias. En definitiva, el objetivo es formalizar y ampliar la labor de los auxiliares de alojamiento que actualmente gestionan parte del 83% de los trámites que no implican notario, sin requerir conocimientos jurídicos importantes. Estos asistentes actúan como falsos notarios, aumentando los ingresos del empleador. Una mayor competencia con más jugadores hace bajar los precios.

Hemos visto algunas mejoras ya que se han simplificado algunos de los más de 200 procedimientos requeridos por los notarios en nuestra ley. Aunque el camino será largo y el lobby y la captura regulatoria seguirán resistiendo, la necesidad de una reforma profunda es imperativa para un sistema notarial innovador e ineficiente cuyos costos son demasiado altos para que podamos seguir tolerándolos.

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