Chile está intentando cambiar su constitución por segunda vez en cuatro años. Una vez más, la amenaza del fracaso se cierne sobre una iniciativa que debe lograr un consenso masivo. La realidad es que el texto presentado esta semana y sometido a votación el 17 de diciembre es un espejo de la fractura que sufre el país. Su votación final en la Asamblea Constituyente (33 votos a favor de la derecha, 17 en contra de la izquierda) y su contenido, de fuerte sesgo conservador, convirtieron el plan en un catalizador de división y otra derrota del gobierno. Gabriel Boric buscó una constitución nacida de la democracia.
La constitución actual, que se originó bajo la dictadura de Augusto Pinochet, ha sido reformada unas 60 veces desde 1989. Los mayores cambios se produjeron durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos en 2005, por lo que los actuales artículos son suyos. Identidad. El texto necesita cambios obvios, y la fatiga social y de clase política resultante es un desafío interminable hasta el momento. Durante el estallido social de 2019, el gobierno conservador de Sebastián Piñera y la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso ofrecieron a la ciudadanía un camino de bloqueo para desviar el conflicto por líneas institucionales. El primer proceso fracasó en septiembre pasado, cuando el 62% del censo rechazó un plan creado por una convención constitucional dominada por grupos independientes. Este segundo intento tiene características completamente diferentes. Para evitar un fracaso anterior, los partidos y el Congreso han desempeñado un papel vital desde el principio. Pero nadie esperaba que el Partido Republicano de extrema derecha liderado por José Antonio Cast ganara 22 de los 50 escaños del Consejo Constitucional en las elecciones de mayo pasado. El partido lideró el proceso, uniéndose a la derecha tradicional, que alcanzó 11 concejales. La izquierda, con 17 escaños y sin poder de veto, tenía menos probabilidades de influir en el resultado final.
Luego de cuatro meses de trabajo, ninguno de los dos pudo ponerse de acuerdo sobre un texto que explicara las nuevas demandas de la sociedad chilena. El 17 de diciembre, 15 millones de electores volverán a acudir a las urnas, de forma obligatoria. A pesar de algunos avances en la modernización del Estado, la descentralización y el sistema electoral, el nuevo texto es un retrato cada vez más tradicional de una sociedad liberal, especialmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres. Incluso con la ventaja del no, el resultado sigue abierto. Cualquiera que sea la opción que gane, demostrará que Chile está dividido y carece de consenso en torno a las reglas básicas de convivencia.
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