El domingo 17 de diciembre, casi 15 millones de chilenos acudirán a las urnas para votar a favor o en contra de la nueva constitución propuesta. Tiene el apoyo de los sectores de derecha y de centro y el rechazo de la izquierda, incluido el oficialismo Gabriel Boric (quien no apoya la propuesta, pero no lo dice abiertamente). A juzgar por las previsiones electorales, sería una nueva derrota para las instituciones chilenas, ya que ambos partidos habrían fracasado en su intento de cambiar la carta fundamental creada durante la dictadura, aunque ha sufrido 60 reformas desde 1989. El primer intento fue derrotado por un 62% en septiembre de 2022 –en ese caso se trataba de una propuesta de izquierda– y ahora se vislumbra un resultado similar. Según la encuesta Pulso Ciudadano de Activa, el 66,3% lo desaprobaría y el 33,7% lo aprobaría.
Es cierto que los resultados se están reduciendo. La primera previsión del mismo encuestador del 23 de octubre era de un 69,7% para la opción opositora y un 30,3% para la opción alternativa. Pero el ritmo del movimiento de votantes no parece ser suficiente para cambiar la situación en cuatro semanas. Es una campaña extraña, con una comunidad muy estrecha y desinteresada: al contrario, se nota un gran desinterés. Cuatro años después -cuatro años desde el acuerdo del 15 de noviembre para cambiar la constitución- los votantes están cansados y hay dudas bien fundadas de que una nueva carta básica resuelva sus emergencias cotidianas. Importante, sobre todo la crisis de criminalidad que golpea a los más humildes.
«Muchos políticos, de ambos lados del espectro, se preguntarán en qué momento se embarcaron en un camino constitucional para contener el brote. [social de octubre de 2019]En lugar de intentarlo con un programa más simplista de reformas socioeconómicas”, preguntaba hace unos días el sociólogo Eugenio Troni en una columna en EL PAÍS.
Lo que preocupa hoy es el clima de inseguridad pública y los estudios lo confirman. El tipo de delincuencia introducido en Chile en los últimos años afecta a la sociedad en su conjunto. A mediados de octubre, la Fundación Paz Ciudadana publicó su índice de opinión sobre seguridad pública, que muestra que las mujeres y los pobres son los más temerosos de los santiagueros. Entre sus resultados, la proporción de quienes temen ser víctima de un delito alcanza el 30,5%, la cifra más alta desde que Pas Ciudadana inició su análisis en el año 2000.
Mientras tanto, según estadísticas oficiales, la tasa de homicidios en Chile aumentó del 3,3% al 6,7% por cada 100.000 personas entre 2015 y 2022. Como ha sucedido en los últimos días, no es raro encontrar fragmentos de cuerpos humanos en cualquier playa, como ocurrió en las últimas horas en Peñuelas, en la Región de Coquimbo.
Según la encuesta publicada el domingo, sólo el 22% es optimista sobre el futuro del país, el nivel más bajo desde enero de 2015. El miedo al crimen alcanza el 84% y está en su nivel más alto desde octubre de 2014. Además, el 85% cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos tres meses, el 93% la considera más violenta, el 55% coincide en que el motivo de este aumento es la inmigración y el 54% declara estado de emergencia en el área metropolitana.
Las fuerzas políticas se preparan para el día después del referéndum, los ganadores y perdedores de este segundo proceso comenzarán a analizarse, pero, sobre todo, tendrán que volver a aceptar la irritación y la decepción de una sociedad. En cierto sentido Estado en el que En el que la gente piensa que tiene que luchar mucho por su vida individual, pero no hay idea de un futuro común, de un progreso común”, explicó hace una semana a EL PAIS la investigadora chilena de vida social Katya Araujo. .
Teniendo en cuenta que 2024 y 2025 están cargados, no es extraño que los dos partidos vuelvan a trabajar en una clave electoral: elecciones municipales y de gobernador el año que viene y elecciones parlamentarias y presidenciales el año que viene. Comenzarán las propuestas para destituir a los ministros, y ya han comenzado. Un partido tradicional de derecha, el RN, ha anunciado que destituirá a la ministra del Interior, Carolina Doha, una figura política clave en el Congreso, si 12.000 inmigrantes irregulares no son expulsados antes de fin de año. Seguridad Pública. El gobierno busca actuar agresivamente en el tema y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció este domingo que utilizaría poderes especiales para expulsar a los migrantes, luego de reuniones con el presidente Boric donde se anunció un nuevo plan de seguridad.
La política chilena está ganando impulso. Cualquiera que sea el resultado del referéndum constitucional del 17 de diciembre, los problemas para el pueblo seguirán siendo casi los mismos hasta el 18 del próximo mes.