Comunidades guaraníes de Iguazú, denuncian invasión de empresarios hoteleros 2018-03-20T20:43:46+00:00
Comunidades guaraníes de Iguazú, denuncian invasión de empresarios hoteleros

18 marzo, 2018 · Cultura, Ecología, Sociedad, Turismo

Las comunidades mbya guaraní Itá Poty Mirí, Yryapú, Yasy Porá y Tupá Mbaé que habitan las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú, permanecen en alerta ante el avasallamiento de empresarios inmobiliarios sobre sus derechos básicos como tierras, educación, salud, medio ambiente que forman parte de su cultura ancestral.

IGUAZÚ. Motivados por esa preocupación reclaman que el Gobierno provincial accione en favor de su protección.

El cacique de Itá Poty Mirí (Pequeña flor de piedra), Estanislao Acosta, explicó que en nombre de su comunidad, integrada por 23 familias, realizó luna presentación junto al abogado del Frente Ciudadano Ambiental Capuera, Martín Ferroni, al Ejecutivo Provincial, y a los Ministerios de Ecología y Turismo, para que en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, clarifiquen que veracidad tiene el arribo de complejos hoteleros en la Zona de las 600 Hectáreas, ya que según se afirma en un diario porteño, “el grupo español Globalia (dueño de agencias de viaje mayoristas y minoristas y de la cadena hotelera Be Live) desembarcaría en Iguazú con dos hoteles propios en la zona selvática de 600 Hectáreas, denominada Selva Iryapú, sobre el Río Iguazú y a 15 km del Parque Nacional, donde ya operan varios hoteles”.

Unas 180 familias distribuidas en cuatro comunidades
El cacique reiteró su preocupación por los avances de los hoteles de alta gama en la zona de las 600 Hectáreas, sin tener en cuenta al pueblo originario que siempre existió en ese lugar.

“En este caso somos cuatro comunidades que conforman unas 180 familias habitando las 600 Hectáreas: Yryapú (Sonido de agua) tiene 100, Jasy Porá, 55, Tupá Mbaé, 15 familias y en mi comunidad somos 23.

Nos preocupa la invasión de empresarios inmobiliarios extranjeros. Nosotros no tenemos acceso al agua potable, a la luz eléctrica, ni a otros servicios básicos, mientras el Gobierno es cómplice y negocia con las empresas sin proteger a nuestros pueblos ancestrales”, reclamó Estanislao Acosta.

Riesgo para los chicos que deben cruzar la ruta

La aldea Itá Poty Mirí no cuenta con un establecimiento educativo; en Yryapú hay una escuela primaria y otra secundaria, y Jasy Porá posee una primaria biilingue; pero para las niñas y niños de Itá Poty las distancias son muy largas, ya que está ubicada a más de dos kilómetros de las otras aldeas.

“Ahora nuestra comunidad tiene 25 alumnos que comenzaron el ciclo escolar, pero nos asusta que vayan a la escuela de Jasy Porá, porque ya tuvimos inconvenientes con algunos que deben atravesar el lago. Hace unas semanas, una niña de 9 años fue molestada por un hombre blanco cuando cruzaba la ruta. Es preocupante la cantidad de turistas extranjeros que ingresan a la zona con autos. Es muy peligroso”, señaló el cacique.

Además, Itá Poty Mirí carece de un centro de salud, y cuando se enferman deben concurrir al Hospital de Samic. Las aldeas Yryapú y Jasy Porá tienen salas de primeros auxilios, aunque el Ministerio de Salud Pública y Salud Indígena no contratan para trabajar en las salas a los agentes sanitarios de las comunidades.

Los complejos inmobiliarios desmontan y contaminan

El jefe de la comunidad Itá Poty, junto a su esposa, Andresa Maciel, también estuvo en la Legislatura provincial, acompañado por los miembros del Frente Ambiental Capuera, el guardaparque, Diego Ciarmiello y el abogado Martín Ferroni. Sereunieron con el presidente del Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, al que expusieron su preocupación por el avance de de hoteles en su territorio dentro de las 600 hectáreas.

“El Hotel Hilton empezó a desmontar en el año 2006, y arrasó con todo, hicieron lagos artificiales y una cancha de golf. En ese momento hablaron del hoyo 10, y ahora quieren completar 18 hoyos, sin importarles que ese lugar es reserva natural, y cuesta mucho hacer una recuperación. El lugar está contaminado, fue terrible el impacto ambiental, el daño que provocaron con el desmonte para hacer el lago artificial que está dentro de la comunidad, aún así logramos recuperar terrenos”, manifestó el joven guaraní.

“Estamos acorralados por los hoteles”

Para Acosta, después de tantos siglos, los pueblos originarios siguen siendo esclavizados, y el Estado provincial desconoce su derecho sobre las tierras como pueblos preexistentes. “Es como si nosotros fuéramos los invasores, los usurpadores cuando en realidad somos los dueños de la tierras. Es muy preocupante que el Gobierno avale el negocio de los grandes hoteles por sobre nuestros derechos ancestrales.

Prácticamente estamos acorralados por los hoteles. Esa es nuestra mayor preocupación en las 600 Hectáreas, y no solo el Estado provincial, sino también el Concejo Deliberante quien autorizó en el 2002, la la cesión de 275 hectáreas “, dijo.

La inquietud de los cuatro tekoá es coincidente ante el problema de usurpación. En diciembre los cuatro caciques junto a los miembros del Frente Capuera, participaron de una mesa de diálogo con los Ministerios de Ecología y Turismo de Misiones, la Subsecretaría de Tierras y la Jefatura de Gabinete y Medio Ambiente de la Nación, donde se trató la cesión de 275 hectáreas con títulos de propiedad, pero “lamentablemente ahora en un radio de de tres metros construyeron cabañas, y están invadiendo cada vez más, sin respetar la Ley de los pueblos originarios, que especifica que el Estado debería primero respetar y además otorgar territorio suficiente; la comunidad Yryapú cuenta con cien familias que son casi 500 habitantes. Es decir necesitan mas territorio y el Estado lo debe garantizarles”.

“Luchamos para mantener nuestra cultura”

Los caciques exigen que el Estado contenga y atienda a los pueblos originarios en la Zona Norte de Misiones, que se cumpla con la Constitución y con la aplicación de la Ley 26.160.
“Queremos información sobre que piensan hacer en ese lugar, donde viven nuestras familias”, remarcaron.
Por ese motivo recurrieron a la Legislatura, cansados de ser atropellados. “Jamás recibimos ayuda de la Dirección de Asuntos Guaraníes, ni del INAI, ni del Ministerio de Derechos Humanos. Nosotros tratamos de autogestionarnos, luchando para mantener la cultura; enseñar a los chicos nuestra lengua, mantener las escuelas bilingües.

Estamos pidiendo llegar a un acuerdo con la provincia para hacer un programa destinado a los pueblos originarios, porque somos ciudadanos con derechos”, reclamó el líder de Itá Poty Mirí.

Acosta hizo notar la contradicción que mientras los hoteles cinco estrellas utilizan piscinas, los guaraníes no tienen agua potable.

“Antes no nos preocupaba contar con perforaciones de agua porque teníamos las vertientes en buenas condiciones, pero ahora están contaminadas por los desagües de los hoteles que finalizan en las vertientes que rodean a las comunidades”, lamentó.

Las comunidades sobreviven trabajando con sus artesanías en turismo y en agricultura. Como si fueran vendedores ambulantes ofrecen sus productos en distintos rincones de Iguazú. Reciben las tarjetas alimentarias y las madres son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo.

Proyectos del PAyS sobre problemáticas de las aldeas

Acompañados por el abogado Martín Ferroni del Frente Ciudadano Ambiental Capuera, hicieron un pedido a los Ministerios de Turismo y Ecología y Recursos Renovables para que les informe sobre la posible instalación en su territorio de una empresa privada con intenciones de construir un complejo hotelero, y lo harán extensivo al Ministerio de Turismo de la Nación.

Mientras que el diputado Martín Sereno elaboró sendos proyectos para presentar a la Legislatura solicitando que el Poder Ejecutivo informe sobre la existencia, términos y alcances de un acuerdo con empresas y/o grupos empresarios privados, para la edificación de nuevos hoteles, dentro de la Reserva Yryapú en Iguazú, también conocida como las 600 Hectáreas”.

Entre los fundamentos se destaca: “como forma de reivindicar la propiedad ancestral de sus tierras, las comunidades mbya guaraní cercanas a Iguazú, están volviendo a ocupar tierras usurpadas por empresas turísticas que incrementaron su presencia en la zona en última década. Una de estas comunidades es Itá Poty Mirí, que recuperó más de 100 hectáreas enfrentándose a los intereses del gigante hotelero Hilton”.

Por este motivo, desde el Bloque del Partido Agrario y Social solicitaron al Poder Ejecutivo que “con urgencia se haga eco del reclamo de éstas comunidades”, indica parte del Proyecto de Comunicación.

Además, el bloque hizo pedidos de informes sobre provisión de agua potable para las comunidades, la reparación ambiental por la contaminación del agua. “Solicitamos que se respete la Resolución 001/2006 del Consejo de la Nación Guaraní, y no construyan en las 600 Hectáreas sin antes consultar con las comunidades mbya guaraní”, remarca la iniciativa del diputado Sereno.

El lunes 5 de febrero de 2018, la Agencia de Noticias ATE Misiones denunciaba que miembros de la Comunidad Mbya Andrés Guazurarí lograron detener el intento de la multinacional Arauco que intentaba realizar una plantación de pinos en tierras de la propia Comunidad.

Denuncian que la multinacional Arauco volvió al ataque contra la comunidad Guazurarí de Puerto Libertad

El jueves 1 de febrero, una máquina perteneciente a la multinacional Arauco, ingresó sin autorización al territorio de la Comunidad Mbya Andrés Guazurarí, en la localidad de Puerto Libertad, con la finalidad de trabajar el suelo para la plantación de pino. Al advertir la situación, el cacique de la Comunidad, junto a un grupo de miembros de la misma, lograron detener el intento. Desde la Comunidad radicaron la denuncia correspondiente en la comisaría de Libertad.

No es la primera vez que la multinacional ataca a la Comunidad. Ya en enero de 2015, el cacique Ramón Baez, denunció y aportó material fotográfico acerca de un intento de desalojo con exhibición de armas, por parte de la empresa chilena Arauco.

“Nuestro territorio ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160, pero la empresa sigue entrando sin pedir permiso y esta vez con una topadora que tuvimos que detener” relató el cacique.

Por su parte, la artista plástica Carol Marin, quien desarrolla en la Comunidad un proyecto educativo, manifestó que “se siguen sucediendo estas formas de hostigamiento por parte de Arauco. ¿Es posible que los niños junto al cacique de su comunidad tengan que pararse frente a una topadora para evitar este tremendo atropello? ¿Cuándo será el día en que se visibilicen estas realidades donde la falta de respeto es la moneda común y donde el trato humanitario es lo que se sigue reclamando una jornada tras la otra desde hace más de 500 años?”.

Arauco y los Pueblos Originarios en Misiones

De las 80 mil hectáreas que componen el municipio de Puerto Libertad, en el norte misionero, 65 mil están en posesión jurídica de Arauco; es decir, el 80 por ciento del pueblo le pertenece a la multinacional de capitales chilenos, que en total, tiene una posesión total declarada (sin contar testaferros) de 232 mil hectáreas en varios municipios de la provincia. Allí, en Puerto Libertad, APSA lleva más de una década hostigando a la población local, por medio de desalojos, intimidaciones y violencia. Donde antes hubo monte, hoy todo es pino. El monocultivo alimenta la papelera y la planta de MDF que la multinacional posee en Puerto Esperanza y Puerto Piray, respectivamente.

En un lugar donde todo está en manos de la empresa, resulta compleja la aventura de encontrar un territorio seguro para vivir. En el caso de las comunidades mbya de la provincia, que dependen tradicionalmente del monte para subsistir, la cuestión habitacional se problematiza aún más.

El miércoles 28 de enero de 2015, las 30 familias mbya que formaron la Comunidad Andrés Guazurarí, recibieron la visita de los funcionarios Gabriel Rodriguez y Hernán Petzer, de la empresa Alto Paraná – Arauco- quienes arribaron al predio acompañados por efectivos policiales uniformados. Relató el cacique Ramón Baez: “Aprovechando que nosotros los hombres no estábamos, amenazaron a las mujeres y los niños con prenderles fuego las casas si no salían inmediatamente del lugar. Y dispararon al aire para asustar”.

El cacique pidió entonces intervención al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, ente que tiene bajo su órbita la muy cuestionada Dirección de Asuntos Guaraníes. “El ministro de Derechos Humanos Soria Vieta me dijo que él no se iba a meter con Alto Paraná, que tenemos que salir de ahí. Asuntos Guaraníes no existe, no te soluciona ni lo básico para lo que fueron creados, nos deberían cuidar pero al final están en contra de las comunidades” señaló.

El antecedente Guavirá Poty

En febrero de 2009, el medio alternativo Revista Superficie publicó una investigación referida a una situación suscitada en Colonia Paraíso (municipio de San Pedro), corazón del territorio denominado Corredor Verde, donde Alto Paraná S.A aniquiló más de 100 hectáreas de monte para instalar pinares que hoy acorralan a la comunidad mbya Guavirá Poty. En aquel artículo – , el cacique de Guavirá Poty contaba: “El primer año comenzaron a entrar al monte virgen para sacar los árboles más preciados. Al siguiente desmontaron todo y se pasaron el año fumigando con Round Up. Incendiaron las cien hectáreas para que no quede nada y el año pasado plantaron los plantines de pino”.

En esa comunidad, viven más de 20 familias que padecen las consecuencias de habitar a menos de 50 metros del océano de agrotóxicos que baña el pinar. En 2008 un niño falleció por problemas bronquiales atribuibles al contacto de un año entero con esta clase de venenos. Otros pequeños y algunos adultos presentan erupciones dérmicas y complicaciones respiratorias inéditas en la comunidad, cuentan en Guavirá Poty.

“También puede ser el agua, porque por acá pasa un arroyo que es nuestra fuente de agua para todo, y ellos plantaron los pinos y tiraron veneno a menos de 20 metros del arroyo. Aquí había lapachos, cedros, canela, timbó, todo tipo de especies nativas, frutales, y una infinidad de animales, muchos de ellos en peligro de extinción. El día que prendieron fuego parecía un infierno; hacía como 60 grados, nuestros niños lloraban aterrorizados, todos llorábamos y poco pudimos hacer para defender nuestra selva. Cuando el fuego terminó nos quedamos sentados en los troncos muertos, creyendo que todo había sido una pesadilla”, señaló entonces el cacique Cornelio.

La Ley 26.160

Prorrogada hasta 2021, la Ley 261.60 suspende todo tipo de desalojos en Comunidades Indígenas y ordena el relevamiento territorial de los espacios dónde están asentadas las Comunidades del país. Este es un proceso que tuvo serias deficiencias en los últimos años. Para el abogado constitucionalista especializado en Derecho Indígena, Eduardo Hualpa, “en el marco de una situación de desprotección de los derechos de los pueblos indígenas es muy importante la ley. La Constitución del 94 consagró esos derechos pero nunca se implementaron, no se hicieron efectivos. La ley 26.160 es un reconocimiento de los espacios ocupados. Es algo. Porque los pueblos se enfrentan al modelo extractivo minero, petrolero o de extensión de la frontera agrícola, y no tienen papeles para decir que la tierra les pertenece. La ley estableció un mecanismo: se suspendían los desalojos y se hacía un relevamiento catastral, inmobiliario. Es muy interesante. En algunas provincias se trabajó muy bien. Es la única herramienta que existe para proteger los derechos territoriales indígenas”.

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